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19 mai 2012 6 19 /05 /mai /2012 13:28

 


Imagen: Cepes rural

Servindi, 15 de mayo, 2012.- La Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC) congratuló al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) por su ratificación de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. 

Señaló que las Directrices Voluntarias son “un avance notable hacia una gobernanza de la tierra centrada en las personas anclada firmemente en un marco de derechos humanos” y “en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”.

La Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra es una alianza mundial de organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil que trabajan en colaboración para fomentar y garantizar el acceso equitativo a la tierra, y su control, de mujeres y hombres pobres mediante la promoción, el diálogo, el intercambio de conocimiento y la creación de capacidad.

A través de estas directrices, el CSA, acogido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), apunta a promover “el desarrollo social y económico sostenible que puede ayudar a erradicar la pobreza y la inseguridad alimentaria, y alienta la inversión responsable” afirmó la Coalición Internacional.

Las Directrices Voluntarias integran la tenencia de la tierra, los bosques y la pesca en la seguridad alimentaria, el derecho a la alimentación, la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible.

Las directrices son básicamente coherentes en su mayoría con otros tratados internacionales, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos, y hacen referencia a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

En sus comentarios sobre versiones anteriores de las directrices, miembros de la Coalición Internacional señalaron que las mismas no apoyaban con fuerza suficiente las necesidades de los usuarios pobres de la tierra.

A través del proceso de consulta de dos años, y negociaciones inclusivas, éstas y otras debilidades de las Directrices mejoraron de manera significativa, al aumentar la probabilidad de que servirán como un modelo útil que pueda ser ejecutado por los gobiernos.

Una importante innovación en el sistema de Naciones Unidas fue la creación del Mecanismo de la Sociedad Civil del CSA, que hizo posible que las organizaciones de la sociedad civil desempeñen un papel fuerte a la par de los gobiernos y otras partes interesadas en la formulación de las Directrices.

Las Directrices respaldan el acceso a los sistemas de justicia y la transparencia en la información sobre la tenencia, promoviendo al mismo tiempo los derechos de las mujeres a la tierra y la igualdad de género. Además, los derechos de los pueblos indígenas están protegidos a través del reconocimiento de sus dominios ancestrales.

Los actores no estatales, como las corporaciones multinacionales, tienen asignadas responsabilidades claras en cuanto al respeto a los derechos humanos.

La Declaración de Tirana adoptada en 2011 fue la primera condena al acaparamiento de tierras adoptada por una gama de organizaciones, incluyendo las intergubernamentales y la sociedad civil, y las Directrices Voluntarias reflejan algunas de estas crecientes áreas de consenso.

 

http://www.landcoalition.org/sites/default/files/aom11/Tirana_Declaration_ILC_2011_ESP.pdf

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19 mai 2012 6 19 /05 /mai /2012 13:27

 

Servindi, 15 de mayo, 2012.- Con el objetivo de hacer visible el significado que tiene el cine indígena para el arte cinematográfico y para los propios pueblos indígenas, los organizadores del Festival Internacional de Cine de Berlín anunciaron que estas nuevas producciones contarán con una sección especial para su reconocimiento. 

Es así que el certamen, que se realizará del 7 al 17 de febrero del 2013, contará con una sección que llevará por nombre “Native: un viaje por el cine indígena”, que estará dedicada a historias de los pueblos indígenas de todo el mundo en formato celuloide.

Entre las categorías se encontrarán cintas de ficción, documentales y cortometrajes. De igual manera se ha previsto la organización de debates y otros eventos relacionados a la temática.

Dieter Kosslick, director del certamen cinematográfico, afirmó a través de un comunicado, que con la creación de este nuevo espacio “la Berlinale quiere expresar su estima por el legado fílmico indígena y ensalzar su relevancia artística, económica y política más allá de las fronteras tribales y nacionales”.

Se busca de esta manera familiarizar al público internacional con esta realidad y las diferentes formas de expresión del cine indígena, del que se espera demuestre su gran potencial en Native, explica el comunicado.

Hasta el “Haus der Berliner Festspiele”, recinto cultural donde se celebrará la ceremonia, llegarán numerosos expertos de procedencia indígena que prestarán especial atención a las cintas.

Es importante destacar que la edición 63 de la Berlinale incluirá películas indígenas en las diferentes secciones ya dispuestas en anteriores ediciones.

El prestigioso Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) surgió el 9 de octubre de 1950 y desde entonces se realiza cada año con el objetivo de premiar las mejores películas, directores, actores y actrices con el Oso de Oro.

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19 mai 2012 6 19 /05 /mai /2012 13:26

Servindi, 15 de mayo, 2012.- La contaminación en la cuenca del río Corrientes, en Loreto, por 40 años de actividad petrolera y la decisión de los pueblos achuar, urarina y quichua de luchar juntos por sus derechos son temas expuestos en el corto documental “Unidos” dirigido y producido por Alan Fàbregas y Xènia Solé. 

Los Apus de la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes (Feconaco) se reunieron en Iquitos para denunciar estos hechos. “Todas las plantas se están secando, los árboles se están secando, están haciendo una desgracia a nuestra comunidad” refiere el Apu de la comunidad Nuevo Paraiso.

Por su parte, Vidal Ccoa abogado de Feconaco menciona que se han hecho diversos estudios para determinar el impacto ambiental en el río Corrientes.

“El 66.21% de la población infantil está contaminado con plomo y el 99.20% de la población adulta está contaminada con cadmio” señala un estudio de la Direccion General de Salud (Digesa), refirió Ccoa.

“Han engañado sistemáticamente a casi todos los apus de la cuencua del río Corrientes, y del Pastaza y del Tigre también, haciéndoles firmar documentos que no reflejaban los acuerdos establecidos en la asamblea comunal”, denuncia el letrado.

Los indígenas denuncian en el video que sus ríos, cochas, chacras y vidas han sido contaminadas. Por ello es que firmaron un acta donde los pueblos achuar, urarina y quichua deciden unir fuerzas para luchar por sus derechos.

Ellos exigen que se respete el derecho a la consulta previa en las próximas concesiones petroleras. Asimismo, que se identifique los territorios contaminados actualmente.

En la cuenca del río Corrientes viven 35 comunidades indígenas de los pueblos achuar, urarina y quichua.

 

http://servindi.org/actualidad/64498?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Servindi+%28Servicio+de+Informaci%C3%B3n+Indigena%29

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19 mai 2012 6 19 /05 /mai /2012 13:25

 

Servindi, 15 de mayo, 2012.- David Crispín Espinoza, representante del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), pidió ante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas que el gobierno de Bolivia respete la Constitución Política y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

En Bolivia se obstaculiza el ejercicio de los derechos a la autonomía y al autogobierno lo que impide que las instituciones de los pueblos originarios sean parte de la estructura general del Estado, señaló.

Por ejemplo, sostuvo que las once autonomías en proceso de conversión Autonómica Indígena Originaria confrontan grandes dificultades de carácter normativo y financiero.

Asimismo, los diputados indígenas que representan a circunscripciones especiales son elegidos bajo criterios de democracia representativa. Aún las naciones originarias y pueblos indígenas no puedan elegir a sus representantes ante el Legislativo “por normas y procedimientos propios”.

De otra parte, la elección de autoridades del órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional “ha seguido la misma lógica monocultural”.

Precisó que los candidatos autoidentificados como “indígena originario campesinos” han sido preseleccionados y elegidos con criterios de democracia representativa, ignorando las normas y prácticas de democracia comunitaria.

El representante de CONAMAQ destacó la vulneración de derechos que pretende realizar el Ejecutivo al organizar una consulta posterior de mala fe sobre el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS).

Al respecto, pidió que el Foro Permanente inste al gobierno de Bolivia a respetar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado, mediante normas y procedimientos apropiados, según lo establece la Constitución y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Finalmente, el CONAMAQ advirtió que esta “forma de hacer consulta inconstitucional tiene y tendrá consecuencias muy graves” y atizará diversos conflictos existentes en el país.

Recordó que el CONAMAQ propuso en julio de 2011 una Ley Marco de Consulta Previa ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, la misma no ha sido tomada en cuenta hasta el día de hoy.

Texto completo de la intervención del representante de CONAMAQ:

Muchas gracias por permitirme dirigirme ante Foro Permanente de las Naciones Unidas, del cual estoy enormemente honrado.

En mi condición de ciudadano boliviano, en representación del Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu (CONAMAQ) que representa a las regiones andinas y valles conformado por más de 16 regiones quechuas, aymaras y urus.

Estamos en este Undécimo Foro Permanente de las Naciones Unidas junto a las autoridades originarias del CONAMAQ, Félix Lira Condori y Gregorio Vicente Laime, para ser parte del debate y sus efectos de la doctrina del descubrimiento que es sinónimo de la doctrina de la dominación y violación de derechos de pueblos indígenas en Bolivia.

En Bolivia se ha producido un distanciamiento entre el diseño constitucional y su implementación normativa e institucional que no cumple ni garantiza el principio de no discriminación y el pleno ejercicio de los derechos que consagra la Carta Universal de Derechos configurada, entre otros, por el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos internacionales, que conforman el Bloque de Constitucionalidad. A estas alturas no se puede tapar el sol con un dedo sobre estas vulneraciones de derechos colectivos, considero que vale ser más sinceros para sensibilizar al gobierno boliviano para el bien de todos los bolivianos sobre el respeto a la CPE.

Queremos manifestar ante la Organización de las Naciones Unidas, que en Bolivia hay una obstaculización para el ejercicio de nuestros derechos a la autonomía y al autogobierno que impide que nuestras instituciones sean parte de la estructura general del Estado:

1. Las once autonomías en proceso de conversión Autonómica Indígena Originaria deben confrontar grandes dificultades de carácter normativo y financiero.

2. Los diputados indígenas que representan a circunscripciones especiales indígenas, han sido elegidos bajo criterios de democracia representativa. Se ha impedido que las naciones originarias y pueblos indígenas puedan elegir a sus representantes ante el Legislativo por normas y procedimientos propios.

3. La elección de altas autoridades del órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, ha seguido la misma lógica monocultural. El conjunto de candidatos autoidentificados como indígena originario campesinos, ha sido sometido a un proceso de preselección, selección y elección bajo criterios de democracia representativa. Se han ignorado las normas y prácticas de democracia comunitaria con las que deberían constituirse esas representaciones.

4. La vulneración de derechos más reciente se produce con la Consulta Posterior y de mala fe que pretende realizar el órgano Ejecutivo, con la complicidad del Órgano Electoral Plurinacional en el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure). La Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas en la presente gestión 2012 “insta al Gobierno a garantizar el respeto del derecho a la consulta de los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado, mediante normas y procedimientos apropiados, según lo establecido por la Constitución y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y adoptar una legislación correspondiente”, la cual incumplida por el Gobierno de Bolivia, porque quieren aplicar una consulta posterior, de mala fe y sin consentimiento libre como establece la ley inconstitucional No. 222 de supuesta consulta en Bolivia.

Esta forma de hacer consulta inconstitucional tiene y tendrá consecuencias muy graves para los PINOs, tales como los recientes enfrentamientos por falta de consulta previa, con las concesiones a empresas transnacionales Mineras, como La comunidad de Mallku Qota en el Norte de Potosí que hoy exige al gobierno la aplicación de la ley de consulta Marco pervio y vinculante, de la misma manera las comunidades de Corocoro en la provincia Pacajes en el departamento de La Paz, la contaminación minera en las comunidades de Vitichi en el Sur de departamento de Potosi, que recientemente protagonizaron una marcha sin lograr la consulta previa. Por todo esto quiero manifestar ante esta instancia internacional que para evitar estas conflictividades, el CONAMAQ en julio de 2011 propuso una Ley Marco de Consulta Previa ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, la misma no ha sido tomada en cuenta hasta el día de hoy, sin tratamiento alguno.

5. No podemos dejar de lado en referirme a la Ley Nº 073 de Deslinde Jurisdiccional que obstaculiza nuestros derechos al autogobierno, desconoce nuestra cultura y nuestras instituciones.

Para finalizar quiero señalar, que el Gobierno Boliviano desde la gestión 2009, viene recortándonos a los PINos más del 50% de los Recursos económicos de los Impuestos Directos a los hidrocarburos (IDH) hasta la presente gestión, cuyos suma ascienden en estos cuatro años, aproximadamente a mas de 720 millones de bolivianos, es decir más de 103 millones de dólares, que tanta falta nos hace para apoyar a nuestra comunidades en apoyar en sus proyectos productivos y sociales.

Termino con esto, el Gobierno Nacional de Bolivia hoy se encuentra en una acción de debilitamiento, fractura y cooptación de liderazgos al interior de las organizaciones indígenas y originarias. En función de sus intereses coyunturales, ha quebrado el Pacto de Unidad y utiliza a los sectores más violentos de sus organizaciones sociales aliadas como grupos de choque, que se mueven en complicidad y al amparo de las fuerzas gubernamentales y policiales. La represión policial de Chaparina del 25 de septiembre del pasado año ha sido forzada por la presión política del ala más radical del partido en función de gobierno: los colonizadores – Cocaleros.

Nuestra movilización en la Novena Marcha que inicio la semana pasada está motivada en la defensa de la madre tierra, el respeto de nuestros derechos y de nuestros territorios, en el marco de nuestros derechos constitucionales y al amparo de los instrumentos internacionales, como respuesta a la vulneración de nuestros derechos por el Gobierno Nacional.

Pedimos a la Organización de las Naciones Unidas. Señor presidente, a que esta instancia, que se tengan presentes todos los hechos referidos por nuestra parte y que se activen todos los mecanismos de prevención, protección y sanción en el marco de los instrumentos y normas vigentes, para que el Estado Plurinacional de Bolivia cese toda acción de hostilidad y restricción contra los pueblos indígenas originarias y que en el marco de los instrumentos internacionales de derechos humanos, de nuestra constitución política del estado y de las obligaciones contraídas por el Estado boliviano, respete nuestros derechos actualmente vulnerados y otorgue todas las garantías para su efectiva realización.

Dejó el documento firmada y en original en secretaria de la ONU para su constancia.

Muchas gracias.
—-
Fuente: Aini: http://www.aininoticias.org/2012/05/conamaq-pide-a-la-onu-a-que-el-gobierno-de-bolivia-respete-la-cpe/?home=1

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19 mai 2012 6 19 /05 /mai /2012 13:25

 

Servindi, 15 de mayo, 2012.- Especialistas del sector público y de organizaciones internacionales debatirán los cambios que requiere el proceso de evaluación y revisión de los estudios de impacto ambiental (EIA), el martes 22 de mayo, en el Congreso de la República. 

El I Foro Público sobre Fortalecimiento de la Institucionalidad Ambiental “Perú: Evaluación y Revisión de los EIA”,  organizado por la congresista Verónika Mendoza y la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR),  surge ante la necesidad de replantear los términos y mecanismos de aprobación de los EIA.

“Existe un desfase en la disposición y adecuación de los reglamentos ambientales entre los sectores.  La revisión de los EIA aprobados de los proyectos mineros Tía María y Conga, y la certificación ambiental de los EIAs de los proyectos de 4 centrales termoeléctricas en Chilca y el de la Represa de Angostura en el proyecto Majes Siguas II, son sólo algunos ejemplos que están  a la base de los conflictos socio ambientales”, precisa la convocatoria al evento.

En ese contexto, el foro público tiene como fin crear un espacio de debate para identificar los problemas y alternativas de cambio a fin de fortalecer la institucionalidad de la gestión pública ambiental en el Perú, particularmente en relación a la elaboración, evaluación y revisión de los Estudios de Impacto Ambiental.

El evento será inaugurado por el presidente del Congreso, Daniel Abugattás, y clausurado por el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal.

Entre los panelistas se encuentran especialistas en derecho y gestión ambiental, y altos funcionarios de los ministerios del Ambiente y Energía y Minas, quienes expondrán sobre la “Elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental” y “Procesos de revisión de los Estudios de Impacto Ambiental”.

Asimismo, en la mesa de panelistas participarán representantes de las Naciones Unidas –UNOPS, agencias de cooperación canadiense, además de instituciones especializadas en el tema como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA, y Derecho Ambiente y Recursos Naturales – DAR.

El conversatorio está dirigido a funcionarios públicos, asesores ambientales, miembros de consultoras, representantes de ONG, estudiantes y profesores de universidades.

La cita es el martes 22 de mayo a las 8:30 am (hora exacta) en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República.

Ingreso libre. Se entregarán certificados, previa inscripción.

Informes e inscipciones:

Despacho Congresista Verónika Mendoza

311 – 7916 / scabanillas@congreso.gob.pe

Atención: Soledad Cabanillas Alva

Programa: http://www.congreso.gob.pe/I_COMUNICADOS/FORO_EIA_VERONIKA_PROG_22.05.12.pdf

Descargar ficha de Inscripción: https://docs.google.com/file/d/0B5hWn-aDuaOqV2ZfWl9RZm8wbzQ/edit?pli=1

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19 mai 2012 6 19 /05 /mai /2012 13:24

 

Por Elizabeth Bravo

15 de mayo, 2012.- El pago por servicios ambientales es el mecanismo más desarrollado y funciona desde hace algunos años. Cabe señalar que la naturaleza no es proveedora de servicios ambientales. Éstos fueron concebidos como una manera de meter en el mercado los ciclos, funciones, componentes o estructuras de la naturaleza. Quien vende y compra “servicios ambientales”, está comercializando lo que la naturaleza ha realizado por millones de años (como la capacidad de hacer fotosíntesis, retener y almacenar agua, ser el hábitat para polinizadores, etcétera). 

Frente a la imparable destrucción de la biodiversidad, a la necesidad de continuar e incrementar la explotación de recursos naturales, especialmente en lugares ricos en biodiversidad, y como una oportunidad del sector financiero para ampliar sus tentáculos hasta los lugares y sectores de la economía antes impensados, se ha propuesto introducir instrumentos de mercado en la conservación de la biodiversidad.

Empresas, gobiernos y hasta el Convenio de Diversidad Biológica están promoviendo estos nuevos modelos de conservación, dirigiendo sus esfuerzos sobre todo a los países del Sur, donde se concentra la mayor parte de la biodiversidad del planeta, y donde además existen recursos tales como minerales, agua, o simplemente tierras que podrían ser destinadas para el desarrollo del sector inmobiliario o los monocultivos.

Sus proponentes argumentan que estos mecanismos facilitan la recaudación de fondos para la conservación y que son más eficientes que las regulaciones u otras políticas públicas que puedan dictar los Estados.

Estas iniciativas de mercado ya han tenido aplicabilidad desde hace varios años en Estados Unidos y Europa, donde hay poca biodiversidad y, sobre todo, donde no hay poblaciones indígenas tradicionales que dependen de ella. Las implicaciones en los países del Sur son totalmente diferentes, por la especial relación que tienen las comunidades con su medio.

A continuación se hace una revisión de lo que significan estos mecanismos, en qué consisten, y qué peligros entrañan para la sociedad y la naturaleza. Las distintas modalidades propuestas o ejecutándose podrían agruparse en dos sistemas:

  • El pago de servicios ambientales.
  • Licencias y permisos transferibles o negociables.

El pago de servicios ambientales

El pago por servicios ambientales es el mecanismo más desarrollado y funciona desde hace algunos años. Cabe señalar que la naturaleza no es proveedora de servicios ambientales.

Éstos fueron concebidos como una manera de meter en el mercado los ciclos, funciones, componentes o estructuras de la naturaleza. Al categorizarlos como servicios pueden comprarse, venderse, ser sujetos de apropiación, usufructo, privatizarse, titularse, etcétera. En este caso el incentivo radica en el pago.

Quien vende y compra “servicios ambientales”, está comercializando lo que la naturaleza ha realizado por millones de años (como la capacidad de hacer fotosíntesis, retener y almacenar agua, ser el hábitat para polinizadores, etcétera).

La modalidad de pago por servicios ambientales ha sido en muchos casos regulada por el Estado, el mismo que ha sido también uno de los compradores de servicios ambientales. Otros han sido empresas privadas.

Quienes promueven estos nuevos mecanismos consideran que una limitación de los “servicios ambientales” es que son considerados bienes públicos, pues esto crearía restricciones a la forma como ese mercado debe funcionar.

Tanto la invención de los servicios ambientales, la conversión en mercancías y la adjudicación de precios, así como la libre intervención de las empresas privadas, son parte de una economía neoliberal aplicada a la naturaleza.

Esto tiene un impacto directo sobre los territorios y los derechos colectivos de los pueblos pues se estaría restringiendo el uso que tradicionalmente le han dado y estarían cediendo estos derechos a un tercero.

Subastas de pago de servicios ambientales

En este caso, se establece un precio inicial por un servicio ambiental, a partir del cual se lo subasta. Los promotores de este modelo dicen que la ventaja es que se deja a la libre competencia el precio del servicio y no como sucede cuando hay negociaciones bilaterales o cuando son hechas a través del Estado.

El compromiso de los Estados en este instrumento sería:

  • Normar las licitaciones.
  • Establecer hasta qué punto se puede compartir información sobre el servicio ambiental a ser rematado.
  • Cómo se involucrarán los licitadores.

En este modelo, el Estado puede ser también uno de los compradores. Con esta modalidad meramente neoliberal se estaría creando una competencia entre los dueños de la tierra —quienes pueden pedir menos y ofrecer un mejor servicio ambiental—, devaluando la naturaleza, y tácitamente poniendo su labor de cuidadores de la naturaleza como un componente más del mercado.

Así se “pone de manifiesto el verdadero costo de oportunidad” con lo que los promotores de este mecanismo creen que se puede conseguir los objetivos de la conservación al menor precio.

De igual manera, en la práctica hay una pérdida real de territorio por parte de sus usuarios originales, cuya titularidad sobre los “servicios ambientales” que “ofrecen” sus territorios pasaría a ser de las empresas, gobiernos locales o especuladores financieros que ganaron en la subasta, todo regulado por las fuerzas del libre mercado.

Licencias o permisos transferibles o negociables

Mejor conocido por su denominación en inglés “cap-and-trade”, el mecanismo de “tope y trueque” ha sido aplicado al mercado de dióxido de azufre en Estados Unidos y al de carbono a nivel global. Ahora se lo quiere aplicar a la conservación de la biodiversidad.

Lo que se hace es crear artificialmente un mercado para reducir el costo de imposición del límite al desarrollo de una obra de infraestructura, un proyecto de explotación minera, petrolera, etcétera.

Al igual que el “cap and trade” aplicado al mercado de carbono, que permite comprar y vender permisos de contaminación atmosférica, el “cap and trade” aplicado a la biodiversidad permite intercambiar o comerciar con derechos de explotación transferibles.

El tope lo designa el Estado, a través de una previa asignación de permisos, lo que significa de hecho una apropiación y privatización de tierras o recursos públicos o comunitarios.

Los proponentes de estos modelos consideran que no todo puede dejarse al mercado y que el Estado debe tomar un rol activo:

  • Creando mercados.
  • Apoyando y promoviendo el mercado.
  • Estableciendo políticas públicas para consolidar que funcione el modelo.
  • Regulando a los inversionistas independientes.

Compensación por pérdida de biodiversidad.

Propone que si se reduce la biodiversidad por una obra de desarrollo (por ejemplo una carretera, actividades mineras o petroleras o de otra índole), se puede compensar esta pérdida con acciones llevadas a cabo en otro lugar o en otro momento. Por ejemplo conservando o rehabilitando un lugar degradado). Estos esquemas permitirían además juntar los “créditos por conservación” con los esquemas de secuestro de carbono, redondeándose el negocio.

Son sistemas de “intercambio de recurso por recurso”, sin mayores miramientos, en los que la destrucción o disminución de un recurso necesita ser compensada por una alternativa “equivalente”. Un ejemplo es el de los bancos de humedales, bancos de ecosistemas, o bancos de especies.

Este sistema se emplea cuando no se acepta alguna pérdida neta de un recurso, especie o hábitat natural, la misma que puede ser compensada a través de la restauración de lugares alternativos y “equivalentes” al que ha sufrido el daño o que implica desaparición o deterioro.

La compensación por la pérdida de biodiversidad puede ser de dos tipos:

  • Bancos de conservación.
  • Derechos de desarrollo transables.

Según sus creadores, a través de este instrumento se puede conseguir los objetivos de la conservación de la biodiversidad a precios más bajos. Lo que se comercializa son derechos por unidades de desarrollo que se pueden dañar a cambio de otra unidad donde se lleva a cabo actividades de conservación o de rehabilitación de la biodiversidad.

En este mecanismo no se necesita una jerarquía de mitigación ambiental, sino una garantía de la cantidad del emprendimiento (densidad de la infraestructura que se quiere desarrollar). Los “derechos de desarrollo transable” se basan en un límite al área total de desarrollo que puede ser permitida en un área identificada por su valor de conservación.

Por ejemplo, tenemos un área que va a ser intervenida por un proyecto de desarrollo A y un área que servirá para compensar la pérdida de biodiversidad B. El dueño de la locación B renuncia a desarrollar su predio y vende al dueño de la locación A sus derechos, para compensar la responsabilidad por exceder el tope de desarrollo impuesto por el Estado.

Un funcionario de la empresa Río Tinto dice sobre estos mecanismos:

Buscamos tener un “impacto positivo neto” en la biodiversidad. Nuestro objetivo es minimizar los impactos de nuestro negocio y contribuir a la conservación de la biodiversidad para asegurar que nuestra presencia beneficie a la región. Una operación consigue un “impacto positivo neto” si la pérdida de áreas con valor de biodiversidad es menor que las áreas restauradas o compensadas durante un periodo de tiempo. (citado en Ecometrica, s/f)

Las áreas de desarrollo y de compensación se miden con imágenes de satélite. Se mide hasta qué grado un área es prístina, y si es necesario, se puede hacer una evaluación ecológica.

Una forma de evaluar cuán prístina es un área, es usar una escala normativa. En la siguiente tabla se presenta un ejemplo del bioma amazónico.

¿Qué pasa con las comunidades que viven en este lugar? ¿Dónde entra en este esquema una mina a cielo abierto, o un estación petrolera ubicada en medio de la Amazonía?

Bancos de Conservación

Es un mecanismo netamente especulativo de conservación de la biodiversidad.

Existen entidades o empresas especializadas que crean o restauran áreas naturales que contienen “bienes naturales” perfectamente identificados, asumiendo la responsabilidad de su mantenimiento en un buen estado de conservación a largo plazo.

A cambio, reciben “créditos” que les son otorgados por agencias reguladoras reconocidas. Estos “créditos” se pueden entonces vender a promotores que deban compensar la afectación derivada de proyectos de desarrollo, a otras áreas naturales ecológicamente “equivalentes”. Es una especie de mercado de futuros para créditos de conservación.

Los primeros bancos de reservas de activos negociables las estableció en Estados Unidos en 1983 el Servicio de Pesca y Vida Silvestre para compensar los impactos de los proyectos del Departamento del Transporte.

Dado que hay un grupo de empresas y especuladores establecidos que van a lucrar de los bancos de biodiversidad, en realidad estos instrumentos no detienen la destrucción de la biodiversidad, sino que al contrario, promueven su destrucción.

El rol del Estado. Como hemos visto, a pesar de que la propuesta central en la que se basan estos mecanismos es que sea el mercado el brazo invisible a través del cual se implementan proyectos de conservación, le asignan al Estado algunos compromisos, roles y responsabilidades:

Crear los mercados de conservación de la biodiversidad.

  • Definir los derechos que se adquieren con estos nuevos modelos (que son independientes de los derechos relacionados con la propiedad de la tierra o de su arrendamiento). Éste es un aspecto fundamental para crear flujos financieros.
  • Establecer límites al área que va a desarrollarse.
  • Establecer límites al comprador de los derechos que se generan a partir de estos mecanismos de mercado.

Conclusiones

Estos mecanismos han sido ya aplicados en el mercado de carbono (ampliamente criticados por la comunidad internacional), donde lo que se mercantiliza es un solo producto: el carbono, aunque se crean “equivalencias” con otros gases con efecto de invernadero. El tratar de aplicar los mismos mecanismos a la biodiversidad es igual de absurdo pero mucho más complejo, porque la biodiversidad incluye una gran cantidad de aspectos que van desde los genes hasta los ecosistemas, y en definitiva significa la vida misma.

Con el afán de tabular crematísticamente a la biodiversidad se usan criterios tales como el número de especies en peligro que hay en un área (por ejemplo si están en la lista roja de la UICN de los organismos en peligro de extinción), o si el área es prístina. De esa manera, se le asigna un valor monetario a la biodiversidad que va a ser compensada, transada, transferida o subastada en el mercado de créditos de conservación.

Entre los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta cuando se hace una crítica a estas propuestas es que limitan la biodiversidad a una lista (muy pequeña por cierto) de especies paradigmáticas o en peligro, y que un hábitat es importante porque es prístino. También se ignora que existe una profunda interacción entre las comunidades humanas y la naturaleza que podría ser llamada biodiversidad, pero si recogemos la contribución hecha por las sociedades andinas, podemos llamarla Pachamama; y que la destrucción de una porción de esta Pachamama no se soluciona conservando una porción en algún otro lugar (remoto o no), pues hay muchas cosas más profundas implicadas, como es la sobrevivencia espiritual y material de una sociedad.

Referencias:

  • Ecométrica s/f Normative Biodiversity Metric. A tool for assessing organisational biodiversity performance. Presentación Power Point.
  • Europac España. 2010. Mecanismos financieros innovadores para la conservación de la biodiversidad.
  • Vant, Arild. et. al., “Can markets protect biodiversity? An evaluation of different financial mechanisms”. Noragric Report 60. Noruega. Junio 2011
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19 mai 2012 6 19 /05 /mai /2012 13:23

 

Servindi, 14 de mayo, 2012.- La reunión entre autoridades, comunidad indígena y la empresa Pluspetrol para atender la contaminación de la cocha (laguna) Atiliano se frustró por la ausencia del representante de la petrolera. Así lo denunció hoy el Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte (Puinamudt). 

La comitiva encabezada por la Fiscalía en Prevención del Delito de la provincia de Loreto-Nauta que debía dirigirse el lunes 14 a la comunidad nativa Pucacuro, en el distrito Trompeteros, no partió a la cita ante la ausencia injustificada del gerente de la empresa Pluspetrol.

De esa manera se incumplió un acuerdo previo de reunir el martes 15 de mayo a los pobladores de la comunidad indígena de Pucacuro con el gerente de Pluspetrol para tomar decisiones sobre la grave situación de la cocha Atiliano.

Según el informe técnico “Contaminación petrolera en la cocha Atiliano” (2012), del Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte, la cocha Atiliano forma parte de una serie cuerpos de agua “registrados como históricamente afectadas por las actividades petroleras” en el Lote 8.

El informe reúne los principales hallazgos sobre contaminación en dicha cocha, tomando como fuente diversos estudios realizados por instituciones nacionales e internacionales.

Por ejemplo, detalla que “en el fondo de la laguna se aprecia una capa de sedimentos saturados de hidrocarburos” los cuales, al permanecer contaminados, constituyen una “fuente de contaminación crónica y a largo plazo”.

El 2004 se realizaron acciones de remediación en la cocha, las cuales fueron insuficientes y superficiales, según indica el informe técnico.

El Estado y Pluspetrol nunca consideraron a la cocha Atiliano dentro de un instrumento de gestión ambiental que permitiera remediar los diferentes niveles de contaminación. En consecuencia, la gravedad de la situación de la cocha aún no se conoce.

La cocha Atiliano es uno de los principales cuerpos de agua y fuentes de alimentación de las comunidades próximas y de los animales del monte. Los achuar de la zona piden remediar los pasivos ambientales e una indemnización por los impactos negativos generados de uno de los lugares estratégicos para los ecosistemas de la zona.

La Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO) ha denunciado reiteradamente y con energía la “irresponsable” actitud de Pluspetrol ante los daños flagrantes por contaminación.

La federación califica la actitud de la empresa de “desprecio a la vida y a la salud de los comuneros”, debido a que la laguna sirvió de botadero de los derrames y aguas de producción de las empresas petroleras. Primero fue Petroperú desde la década del 70 del siglo pasado y actualmente la empresa Pluspetrol.

Cabe recordar que en 1984 el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) concluyó que la cocha Atiliano presenta altas concentraciones de fosfato, cloruro, manganeso, metales pesados, como el cromo divalente y hexavalente, plomo, arsénico, cobre, zinc, mercurio, así como hidrocarburos, solubles y películas de petróleo crudo.

El 2006, la Dirección General de Salud (DIGESA), realizó un estudio en la misma laguna y determinó que el 51,6 % de la población presenta metales pesados (plomo y cadmio) en la sangre e hidrocarburos totales de petróleo.

Los comuneros de Pucacuro estan hartos de escuchar año tras año promesas incumplidas por la empresa Pluspetrol sobre la necesidad de realizar más análisis para recién empezar a remediar la Cocha sin tener en cuenta la gravedad del atentando a la salud de los comuneros.

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19 mai 2012 6 19 /05 /mai /2012 13:23

 

Servindi, 14 de mayo, 2012.- El 1 de noviembre de 2009 desconocidos atacaron el campamento minero Río Blanco Cooper S.A. provocando la muerte de tres trabajadores. Siete dirigentes campesinos de Segunda y Cajas en Piura fueron responsabilizados por este hecho . Hoy, ante la falta de pruebas, la Corte Suprema de Justicia, hasta donde llegó el caso, dispuso su archivamiento. 

La orden fue resuelta específicamente por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la empresa minera Río Blanco Cooper S.A. (antes Majaz) contra la resolución de la Sala Penal de Apelaciones de Piura que había ordenado el archivamiento definitivo de la investigación preparatoria.

Una persecución injustificada

Luego de los hechos que concluyeron con la muerte de los tres trabajadores, más de medio centenar de efectivos policiales (de Piura y de Lima) llegaron hasta la provincia de Huancabamba con la supuesta finalidad de investigar los hechos a profundidad.

Para las autoridades policiales y del Ejecutivo la responsabilidad de estas muertes recaía en los dirigentes campesinos de las comunidades citadas, que durante mucho tiempo hicieron público su rechazo a las operaciones de Río Blanco por considerar que pone en riesgo el frágil ecosistema de la región.

Las operaciones concluyeron con una orden de citación que incluyo a más de 100 personas entre las que se encontraban dirigentes de rondas campesinas, dirigentes comunales, campesinos, alcaldes provinciales, entre otros.

Para el 2 de diciembre de 2009 se formalizó la investigación preparatoria contra siete comuneros de Segunda y Cajas. Bajo el pretexto de la captura de éstos, elementos de la Policía ingresaron hasta la comunidad y dieron muerte a dos ronderos e hirieron a más de diez campesinos.

De los siete dirigentes dos fueron puestos en libertad luego de 48 horas, tras considerarse que su detención no tenía fundamento alguno, y los otros cinco, por propia voluntad, se presentaron a declarar ante la Primera Fiscalía Mixta Corporativa de Huancabamba, dejándose sin efecto las detenciones preliminares dispuestas en su contra.

El archivamiento del proceso

Tras los últimos acontecimientos ocurridos ese año, la fiscalía antes citada solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba el sobreseimiento (paralización de la causa por falta de pruebas) y archivo definitivo del proceso penal seguido contra los siete investigados.

En enero de 2011 se declara fundada la solicitud de sobreseimiento de la Fiscalía y de los abogados defensores de los comuneros y en julio de ese mismo año la Sala Penal de Apelaciones ordena el archivamiento definitivo de la investigación preparatoria.

Sin embargo, la resolución dispuesta por la Sala fue impugnada mediante recurso de casación por la empresa minera y los deudos de los tres trabajadores fallecidos en los hechos de noviembre de 2009. De esta forma la investigación fue elevada a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Esta última recientemente acaba de declarar inadmisible el referido recurso de casación, rechazando y confirmando la decisión judicial de sobreseimiento y archivo definitivo del proceso.

Piden se investigue la muerte de trabajadores y de comuneros

La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), organismo que le prestó gran atención al caso, pidió que no quede impune el asesinato de los tres trabajadores de la empresa Río Blanco Cooper S.A.

Asimismo consideró que hechos de brutal represión ejercida por efectivos policiales en contra de una comunidad (en Segundo y Cajas que acabó con la vida de dos comuneros y dejó 10 heridos) han sido posibles por la vigencia de normas que criminalizan el legitimo derecho de las comunidades rurales o urbanas de de protestar cuando sus legitimas demandas no son escuchadas por el Estado.

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19 mai 2012 6 19 /05 /mai /2012 13:22

Servindi, 14 de mayo, 2012.- Saúl Juárez Flores es un extrabajador de Antamina despedido por la empresa minera a causa del agravamiento en su salud ocurrido durante el trabajo. En el programa Punto Final denuncia su caso. 

Hoy, Saúl no sólo debe enfrentar el desamparo por parte de la empresa a la que le dedicó más de diez años de su vida, sino también la indiferencia de la justicia que ignora su caso.

El 1 de abril de 1999, Saúl Juárez ingresa a trabajar en la compañía minera Antamina completamente sano. Así lo indica el examen médico pre ocupacional en donde solamente se le detecta gingivitis, caries y una hematuria, por lo que solo se le pide descartar cálculos.

Información acerca del caso publicada en Servindi:

Perú: El caso de Saúl Juárez, extrabajador de Antamina enfermo de cáncer

Servindi, 31 de enero, 2012.- Saúl Juárez Flores es un extrabajador de Antamina, despedido por la empresa minera a causa del agravamiento en su salud ocasionadas durante el trabajo. Hoy, Saúl no sólo debe enfrentar el desamparo por parte de la empresa a la que le dedicó más de diez años de su vida, sino también la indiferencia de la justicia que ignora su caso. Seguir leyendo…

 

http://servindi.org/actualidad/64402?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Servindi+%28Servicio+de+Informaci%C3%B3n+Indigena%29

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19 mai 2012 6 19 /05 /mai /2012 13:21

 


Carlo Petrini, presidente de Slow Food. Foto: Jorge Agurto / Servindi

Servindi, 14 de mayo, 2012.- Carlo Petrini, presidente de Slow Food, una asociación ecogastronómica internacional sin ánimo de lucro, saludó y reconoció que los pueblos indígenas son los guardianes de las prácticas y tradiciones alimentarias que han evolucionado a lo largo de los siglos. 

“Ellos nunca han abandonado la madre tierra y es a ellos que deben recurrir a fin de construir nuevos paradigmas para nuestro futuro” afirmó hoy durante su intervención en la undécima sesión del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.

“Las crisis económicas, ambientales y financieras y los problemas de la obesidad y la salud que afligen a la sociedad moderna nos llama a volver a nuestras raíces y apoyar los sistemas alimentarios sustentables que brinda la vitalidad de la Tierra”, dijo Petrini. ”

Slow Food ha estado trabajando con las comunidades indígenas durante muchos años a través de su Fundación para la Biodiversidad y los proyectos de red de Terra Madre, que reúne a agricultores, pescadores, ganaderos, artesanos, estudiantes, cocineros y expertos de diversas partes del mundo.

En 2011, Slow Food Terra Madre Indígena organizó la primera reunión en Jokkmokk, Suecia. Una segunda edición está prevista para realizarse en la India el 2014.

El representante de Slow Food fue invitado a hablar en el Foro Permanente como una de los entidades de la Asociación para la Agrobiodiversidad y la Soberanía Alimentaria Indígena.

Dicha asociación, fundada en 2010 y dirigida por Roy Phrang, es una red de comunidades indígenas y organizaciones comprometidas con la definición de sus propios alimentos y prácticas agrícolas que sostienen la biodiversidad agrícola.

Slow Food se fundó en 1989 para contrarrestar la fast food y la fast life, impedir la desaparición de las tradiciones gastronómicas locales y combatir la falta de interés general por la nutrición, por los orígenes, los sabores y las consecuencias de nuestras opciones alimentarias.

Slow Food es un movimiento internacional nacido en Italia que se contrapone a la estandarización del gusto y promueve la difusión de una nueva filosofía del gusto que combina placer y conocimiento.

Opera en todos los continentes por la salvaguardia de las tradiciones gastronómicas regionales, con sus productos y métodos de cultivación. El símbolo de Slow Food es el caracol, emblema de la lentitud.

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